En las Regiones

La implementación de la política de Paz con Legalidad es seria, verificable y reconocida por las comunidades en los territorios y la cooperación internacional, afirma el Consejero Presidencial para la Estabilización

Paz con Legalidad, comunidades, territorios, Consejero Presidencial para la Estabilización

• “El Presidente Iván Duque, desde hace más de cinco meses, ordenó la constitución de una mesa técnica, que reúne a las 10 entidades que tienen responsabilidad en la seguridad de los excombatientes”, afirmó este miércoles el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien agregó que se han adoptado 30 medidas especiales de seguridad.

• El Consejero resaltó que para beneficio de los excombatientes se han aprobado 47 proyectos productivos colectivos y 898 proyectos individuales.

• En el marco de la política de Paz con Legalidad, la Consejería destacó los avances en materia de Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre otros. 

Bogotá, 26 de febrero de 2020.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, afirmó este miércoles que la implementación de la política de Paz con Legalidad del Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez es seria, verificable y reconocida por los habitantes en los territorios y por la comunidad internacional, y reiteró el compromiso del Jefe de Estado con el proceso de reincorporación y la seguridad de los excombatientes.

En tal sentido, el Consejero aseguró que el Gobierno y todas las autoridades en el territorio no han escatimado esfuerzos para la protección de los excombatientes y que hoy existen más de 230 esquemas de protección y hay centenares de hombres del Ejército y la Policía protegiendo los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr).

“El Presidente Duque, desde hace más de cinco meses, ordenó la constitución de una mesa técnica, que reúne a las 10 entidades que tienen responsabilidad en la seguridad de los excombatientes”, subrayó Archila, quien señaló que se han adoptado 30 medidas especiales de seguridad y que todas se han implementado con gran esfuerzo en los territorios.

Destacó que en 24 de los antiguos Etcr hay 2.757 excombatientes protegidos con un robusto esquema colectivo de seguridad, prevención y alertas de riesgo y amenaza, que incluye la acción de 2.500 miembros del Ejército y 1.240 de la Policía.

Así mismo, según cifras de la Consejería, hay 233 esquemas de protección para los excombatientes, que cuentan con 985 hombres y mujeres que prestan seguridad y disponen de 298 vehículos blindados y 191 convencionales, 222 medios de comunicación y 316 chalecos blindados. 

Además, se aplican medidas especiales para 8.943 excombatientes dispersos en 522 municipios del país.

Inversión para los excombatientes

Desde el inicio de su mandato, el Presidente Duque le apostó a la reincorporación social, económica y política de las personas que tras la dejación de armas permanecen en la legalidad. De los 13.202 excombatientes acreditados antes de la firma del acuerdo, 12.940 siguen comprometidos con su reincorporación.

Hasta la fecha han sido aprobados 47 proyectos productivos colectivos que vinculan a 2.454 personas en proceso de reincorporación, con un valor superior a los 27 mil 420 millones de pesos, y 898 proyectos individuales aprobados que benefician a 1.048 personas por un valor de 8 mil 361 millones de pesos.

Otras acciones del Gobierno

Con respecto a la atención y reparación a las víctimas, la Consejería indicó que en el país hay 8 millones 931 mil 614 personas reconocidas en el Registro Único de Víctimas, y que en promedio una de cada tres está ubicada en alguno de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, cobijados con los Programas de Desarrollo Enfoque Territorial (PDET).

En la actualidad se han otorgado 108 mil 152 indemnizaciones individuales con una inversión cercana a los 886 mil 816 millones de pesos, unos 256 millones de dólares.

En este espacio de acción también se han realizado 820 acciones de reparación colectiva a 62 sujetos étnicos y 758 no étnicos con una inversión de 107 mil millones de pesos, y se han aprobado 68 planes de retorno o reubicación, lo que le ha representado al Estado un costo de 2.700 millones de pesos.

Avance en los PDET

La Consejería resaltó que los PDET son la forma de llevar la oferta institucional del Estado al territorio para la estabilización de los municipios golpeados históricamente por la violencia. En ese contexto, puso de presente que los PDET están siendo acogidos como política pública por alcaldes y gobernadores para ser proyectados y ejecutados en los próximos 12 años.

La inversión de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), encargada de coordinar la ejecución de los PDET, ha manejado un presupuesto de 222 mil millones de pesos para la ejecución de alrededor de 1.192 proyectos que incluyen las etapas de identificación, verificación, estructuración, ejecución y fortalecimiento comunitario, entre otros.

De los 1.192 proyectos coordinados por la ART, más de 650 corresponden a obras PDET, las cuales se ejecutan en 52 de los 170 municipios PDET.

Así mismo, a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Paz, que obtiene el 7% de las regalías que genera el país, se han aprobado 341 proyectos por 2,2 billones de pesos.

Mediante el mecanismo de Obras por Impuestos se aprobó la vinculación de 41 empresas que con el 50% de sus impuestos financiarán 42 proyectos por 248 mil millones de pesos en 28 municipios PDET, los cuales hacen parte de 12 departamentos.

La Reforma Rural Integral

Uno de los avances más significativos de la política de Paz con Legalidad tiene relación con la Reforma Rural Integral.

En el marco del plan piloto del Catastro Multipropósito, que busca identificar los predios, sus dueños y su valor, en Ovejas (Sucre) la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó la entrega de títulos más grande de la historia del país, como parte de la implementación de Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad: 1.058 títulos para adjudicación de 753 predios baldíos y 295 formalizaciones de predios privados.

Además, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) se inició ese mismo proceso para los cuatro municipios del PDET del sur del Tolima.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó un documento CONPES para un crédito por USD$150 millones, que permitirá avanzar en la actualización catastral del país y pasar del 20% que se tiene actualmente, al 60% en los próximos años y a prácticamente todo el territorio en 2025.

El crédito, otorgado a través del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fortalecerá la Política Catastral colombiana.

En el actual Gobierno se han ingresado 699.371 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, que corresponde a un aporte del 75,5% del avance total de hectáreas ingresadas al Fondo (926.202 hectáreas).

Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos

Entre agosto de 2018 y diciembre de 2019 el Gobierno Nacional ha invertido en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) más de 704 mil millones de pesos. 

Durante la vigencia del periodo de Gobierno se han reducido 15.152 hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas de forma voluntaria y asistida, con una inversión de 10 mil 124 millones de pesos. El acumulado de hectáreas erradicadas durante la vigencia del programa es de 41.370.  Cabe indicar que el 95% de las familias vinculadas han cumplido con la erradicación de raíz de los cultivos ilícitos.

(Con información de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación)

(Fin/mha/bco)

Relacionadas