Intervención del Presidente Iván Duque ante la Corte Constitucional, en Audiencia Pública de seguimiento a la sentencia T-236 del 21 de abril de 2017

Discurso

Intervención del Presidente Iván Duque ante la Corte Constitucional, en Audiencia Pública de seguimiento a la sentencia T-236 del 21 de abril de 2017

Foto: Efraín Herrera - Presidencia

Bogotá, 7 de marzo de 2019.

 

Muy buenos días honorables magistrados, participantes en este importante debate.

Vengo esta mañana con profundo honor ante la Corte Constitucional, primero, revindicando el invaluable papel que ha jugado para la institucionalidad de nuestro país esta Corte.

Vengo hoy, con el deseo de contribuir al debate público y, sobre todo, de contribuir desde el punto de vista del Gobierno Nacional, a lo que debe ser un principio de colaboración armónica para la protección integral de nuestra Constitución Nacional.

Es cierto que hoy nos convocan, apreciado magistrado Rojas, reflexiones profundas sobre la Sentencia T-236 del 21 de abril del año 2017.

Pero espero, en esta intervención, elevar el contexto, invitar a los honorables magistrados a que hagamos todos una reflexión sobre la defensa, la protección del orden constitucional, en el marco, por supuesto, de la decisión que tomó la Corte, pero pensando, ante todo, cuál es el verdadero debate.

Yo quisiera plantear, respetuosamente, que esta no es una discusión sobre un herbicida.

La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso, en los últimos años, de los cultivos ilícitos, y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos, especialmente, de aquellos más vulnerables que habitan las zonas que, por años, han tenido una presencia de cultivos ilícitos y que se han acentuado en los últimos años.

Yo quisiera empezar haciendo una reflexión, también a la luz de lo que ha sido la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional en lo que tiene que ver con la defensa del orden público, porque el pasado 7 de agosto juré, como Presidente de los colombianos, defender integralmente la Constitución, y es, justamente, en esa defensa integral, donde la protección de los derechos fundamentales parte también de la capacidad efectiva que tenga el Gobierno para hacer efectivo el control de orden público.

Y esta honorable Corte, en la Sentencia C-813 del 2014, dijo lo siguiente: “El orden público no debe entenderse como un valor en sí mismo, sino como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permitan la prosperidad general y el goce de los derechos humanos”.

Dicho eso, apreciados magistrados, no nos digamos mentiras: desde el año 2013 al 1 de agosto del año 2018, el país tuvo el más rápido crecimiento de su historia en cultivos ilícitos. Prácticamente se quintuplicaron los cultivos ilícitos en el país.

Y esa cifra no es menor, porque el ritmo de crecimiento en ese periodo fue del orden del 64 por ciento por año, después de haber visto Colombia que, entre el año de 1999-2000, al año 2012, Colombia había representado internacionalmente la más rápida reducción, en el mundo, de países con cultivos ilícitos, disminuyendo de 180 mil hectáreas, aproximadamente, a menos de 60 mil.

Quiere decir esta cifra, apreciados magistrados, que esa situación exponencial de crecimiento de los cultivos amenaza seriamente el orden público e inclusive el orden constitucional en sí mismo, en las zonas donde se ha presentado esa expansión.

De esa manera, podríamos decir que esa expansión tiene afectaciones en los derechos económicos, sociales y ambientales. Tiene afectación en el debido proceder y concurrir de la administración pública, genera distorsiones económicas, flagela a quienes han estado en la agricultura lícita y se ven presionados por grupos armados a hacer esa transición hacia la cultura ilícita.

Esta gráfica, apreciados magistrados, quizás ilustra ese crecimiento exponencial.

Ahí vemos a Colombia comparado con Perú y con Bolivia, y podemos ver lo que significa en esa línea verde, esa expansión tenebrosa que han tenido los cultivos ilícitos en el país.

Es por eso que este debate no se centra en un herbicida, sino se centra en la disponibilidad de todas las herramientas posibles, bien utilizadas, teniendo un estricto apego a la prevención, a la precaución; pero solicitando, de manera clara, que las herramientas deben estar a disposición.

Y lo quiero decir también, porque está Corte, apreciados magistrados, cuando hizo una sentencia de unificación en 1997 con la Sentencia 476, planteaba lo siguiente: “La conservación del orden público implica la adopción, por parte de las autoridades, de medios que regulen el ejercicio de los derechos y las libertades de los gobernados. Su aplicación debe extenderse hasta donde el mantenimiento del bienestar general lo haga necesario, con las condiciones mínimas de respeto a la dignidad humana, a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.

Esa expansión, magistrados, que acabo de ilustrar, tiene las siguientes connotaciones:

Por un lado, hay que hacer una reflexión histórica.

En el año de 1993, cuando se empezaron a consolidar cifras sobre cultivos ilícitos en el país, en los momentos más aciagos de las amenazas de los carteles de la droga, Colombia tenía cerca de 50 mil hectáreas, un poco más un poco menos. Después llegamos a 180 mil, aproximadamente, en el año 99, y logramos la reducción hacia el año 2012, un poco menos de 60 mil, algo sin precedentes, que implicó la combinación de muchas herramientas.

Entre esas herramientas, sin duda, estaba el desarrollo alternativo, la erradicación manual, estaba también, lo que se podría interpretar como ‘Pago por Servicios Ambientales’ y, desde luego, estaba también de por medio el uso de la aspersión aérea, siguiendo estrictos protocolos.

Y esa aspersión se hizo contando con cooperación internacional y con la participación minuciosa y detallada de las autoridades locales, buscando siempre, en el uso de ese instrumento, la no afectación de manera indiscriminada, imprecisa, indeterminada, de terceros; porque desde el primer momento en que se concibió esa herramienta se tenía claro que era una herramienta efectiva, pero que no podía entrañar una afectación indiscriminada, o una afectación derivada a los derechos fundamentales de los colombianos, porque ese solo hecho habría implicado una violación de la Constitución misma.

Ahora, seamos también claros magistrados, esta expansión se da en el marco de una situación que amerita también una alerta, y es que este negocio, dada la expansión de los últimos años, ha entrañado también un aumento considerable de la productividad de esos cultivos ilícitos, particularmente el de la coca, que pasó de cerca de tres cosechas por año, a cerca de 6 cosechas por año.

Nunca se había visto en nuestro país una situación de esa naturaleza.

Y se ha rechazado el uso de un herbicida que, además en el contexto más general en el país, en el año 2014, con los usos que tenía, apenas representaba una parte mínima de los usos que tiene ese mismo herbicida para otros fines agrícolas en el territorio nacional.

Y si bien algunos han tratado de centrar el debate sobre ese herbicida, aquí poco se habla de los 4 millones 130 mil litros de ácido sulfúrico que llegan a la selva tropical húmeda de Colombia para la producción de cocaína.

Poco se habla, además, de los 3 millones de litros de amoníaco. Poco se habla de los 248 mil litros de ácido clorhídrico. Y poco se habla de los 102 millones de galones de gasolina, o los 1.4 millones de sacos de cemento que se utilizan para la cadena criminal de la producción de cocaína, como lo ilustra esta gráfica.

Es decir, que si el debate gira en torno al uso de químicos o al uso de herbicidas, también deberíamos tener en consideración cuáles son los usos indebidos de químicos indebidos en el territorio nacional, que también están produciendo una afectación estructural a nuestra selva tropical húmeda.

No en vano, hay expertos que señalan que por una hectárea que se tiene que sembrar de coca, se produce afectación a más de 1.8 hectáreas de selva tropical húmeda en el país.

Entonces, magistrados, esta situación que implica revisar muy bien cuál es la amenaza, también debemos ponerla en un contexto de otro tipo de afectaciones, y hacia allá también quiero orientar esta discusión.

Este negocio del narcotráfico, ese crecimiento exponencial de los últimos años, también entraña un negocio que puede estar trayendo al país, de manera indebida, cerca de 14 mil millones de dólares en economía ilegal, que implica lavado de activos, distorsión económica; que implica contrabando, que implica economías criminales, y que, por supuesto, también termina generando una cadena abierta con otras estructuras criminales, como la de la minería ilegal.

Esta amenaza es grande. Y ahí podemos ver en esta gráfica, magistrados, cómo la línea oscura implicaría los ingresos producto del tráfico ilícito de drogas, y la línea inferior, más clara, muestra lo que se ha logrado contener en el flujo de esos recursos, producto de las herramientas de interdicción, de afectación de lavado de activos o de extinción de dominio.

Es decir, esta discusión ya no está centrada en un herbicida. Aquí estamos hablando de una afectación a los derechos económicos y la gran afectación que se produce en el territorio cuando llegan esas economías ilegales a distorsionar, generando también una corrupción institucional tenebrosa, preocupante, con la posibilidad también de invadir las instituciones democráticas.

No se entiende entonces por qué el debate para algunos no implica reconocer estas afectaciones, y mi labor como Presidente de la República es acatar las directrices que ha dado la Corte Constitucional, pero también debe ser la de proteger todo el orden constitucional en el país y plantearle a esta honorable Corte, que la evolución que hemos tenido en los últimos años, amerita una reflexión adicional.

Y esa reflexión también implica que planteemos qué fue lo que se hizo bien, cuando Colombia tuvo esa rápida reducción, consistente reducción, sostenible reducción, de los cultivos ilícitos.

Cuáles fueron las herramientas que se emplearon y cómo se emplearon. Y ya se los dije, se empleó la erradicación manual, se empleó el desarrollo alternativo, se empleó el pago por servicios ambientales, pero se utilizó con las debidas precauciones y con los debidos protocolos, un mecanismo de aspersión que, entre otras cosas, quiero traerlo a colación de ustedes para que hagamos una reflexión sobre la eficiencia.

Los grupos manuales de erradicación en el país pueden estar erradicando, al día, entre 2 y 3 hectáreas. La aspersión, puede producir un efecto entre 120 y 150 hectáreas día.

Y la erradicación manual, que es uno de los métodos que no hemos renunciado a su utilización, es 2,65 veces más costosa que la erradicación aérea con aspersión.

Eso por supuesto, magistrados, también tiene que llevarnos a la reflexión de si hay o no hay falsos dilemas en esta discusión. Porque el debate público muchas veces ha apelado a los falsos dilemas, y yo quisiera referirme a algunos de ellos.

Medio ambiente versus aspersión. Es cierto que existen múltiples actividades humanas con riesgos. Es cierto que existen también múltiples herbicidas que se utilizan para la producción agrícola a nivel mundial, que tienen ese debate de manera constante.

¿Cuál es la labor? Sí, la prevención, tomar las precauciones, advertir los mejores usos. Pero si el debate es aspersión versus medio ambiente, es necesario que también tengamos en cuenta el daño ambiental estructural que generan los cultivos ilícitos en nuestro país, con la selva tropical húmeda y con el uso de químicos que ya describí.

También me parece importante que se considere que son los protocolos y los mecanismos de uso, los que pueden mitigar, no solamente en el caso de los cultivos ilícitos, sino también de los cultivos lícitos, el uso de cualquier herbicida.

Esa ha sido una discusión en la política agrícola en muchos lugares del mundo y Colombia no puede ser la excepción, mucho más cuando consideramos que el herbicida, motivo de gran controversia, es apenas el 5 por ciento, su uso en cultivos ilícitos, de lo que se utiliza en todo el país.

Decir el uso del herbicida en controversia, tiene una utilización porcentual, estructuralmente orientada hacia los cultivos lícitos, y por eso hay que tener mucho cuidado con el falso dilema.

Otra discusión se ha centrado en que es coca o nivel de vida o ingresos de vida.

Porque se ha tratado de sembrar la idea, que quienes están dedicados a ese cultivo, lo hacen bajo condiciones famélicas encontrando allí la única oportunidad. No nos digamos mentiras, apreciados magistrados, el crecimiento que ha tenido esta expansión acelerada de cultivos ilícitos, muestra que esta es una industria de carácter criminal que cuando llega también a las regiones, amordaza, amenaza y afectan los derechos de los propios campesinos, porque los obliga, los ciñe, los lleva a un yugo donde está presente es la capacidad de influencia criminal de quienes tienen el control sobre esos territorios.

Y, por supuesto, nosotros no hemos rechazado jamás ninguna herramienta adicional, complementaria; e inclusive, en muchos lugares dándole prelación, porque entendemos que hay que buscar la sustitución de las economías ilícitas por las economías licitas, con proyectos productivos en el territorio y el acompañamiento de toda la política social del Estado.

Aquí no estamos hablando ni de la bala de plata ni del único mecanismo, lo que estamos hablando es del uso en conjunto de todas las herramientas, apelando a las que tengan también más capacidad de eficiencia.

Después se ha dicho también otro falso dilema: aspersión y sustitución son antagónicos. No es verdad. No es verdad.

Lo que se debe hacer y lo que puede hacer y lo que estamos llamados a hacer, es enfrentar este flagelo con todas las herramientas y hacer esa sustitución de economías ilícitas a economías licitas de manera integral.

Y eso no quiere decir que nosotros no podamos ser más efectivos en algunos lugares del territorio, quizás con el desarrollo alternativo, quizás con la erradicación manual, pero también debemos reconocer las terribles afectaciones que se presentan frente a los grupos manuales de erradicación, cuando tienen que enfrentarse a campos minados o a francotiradores desde las montañas, como lo vamos a ver a continuación con la siguiente gráfica.

Hay una constante afectación a las vías, a la integridad de muchas de las personas que se dedican a esto. Entonces, en lugares del territorio la labor de proteger también la vida de quienes están prestándole ese servicio al país, implica reconocer que hay un daño que debemos enfrentarlo con todas las herramientas y la aspersión no puede dejar de ser considerada como una herramienta efectiva.

Y quiero además decir esto: enfrentar el narcotráfico, señores magistrados, enfrentar este fenómeno que tiene hoy Colombia, producto de lo que ha ocurrido en los últimos años, también implica la defensa de la paz, en virtud del artículo 22 de nuestra Constitución Nacional.

Porque aquí, como lo dice también la honorable Corte Constitucional en la sentencia C-214 de 2017, no obstante, la generalidad del deber social de propender al logro y mantenimiento de la paz, la rama Ejecutiva es la principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los medios pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional.

Magistrados, no se pueden limitar las herramientas.

Limitar el uso de las herramientas ante este fenómeno, ante esta amenaza, puede afectar la capacidad misma del Estado de proteger la integridad territorial y los derechos de muchos colombianos.

Pero ustedes se preguntarán ¿Cómo ocurrió esto?, ¿Cómo llegó el país a esta situación?, ¿Qué se hizo mal?, ¿Cuáles son los problemas que han envejecido mal?

Y quiero se claro, esta no es una discusión ideológica, esta no es una discusión antagónica entre el Gobierno actual y los gobiernos anteriores, esta es una discusión factual y orientada a la defensa integral de la Constitución Nacional.

Yo quisiera describir qué pudo haber detonado esta situación: es la confluencia de muchos factores, honorables magistrados.

El primero, se desmontaron prácticamente los grupos de erradicación manual en el país. Ahí van a ver ustedes esta grafica dinámica, que va mostrando cómo año tras año se va expandiendo el área sembrada de coca.

Y es coincidente, es coincidente que esa expansión se da también con la eliminación de gran parte de los grupos manuales de erradicación, que en el año 2008, honorables magistrados, llegó a tener 250 grupos de erradicación en el territorio, y cuando empezó nuestro Gobierno teníamos 23, lo pueden ver en la pantalla.

La línea negra muestra la reducción acelerada de los grupos manuales de erradicación y vemos también la coincidencia con la expansión del área sembrada de coca.

Lo segundo, es que se debilitaron muchas herramientas de cooperación interinstitucional, lideradas en su momento por el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Justicia

Pero la tercera, que la vamos a ver ahora a continuación, es también esa coincidencia, es también esa clara realidad de la puesta en suspenso del programa de aspersión aérea, con el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos.

Las herramientas más efectivas se fueron desmontando, y ahí lo podemos ver. Ahí se ve en la línea roja la reducción, la suspensión y el crecimiento dinámico de los cultivos ilícitos. Es decir, nos hemos ido quedando sin las herramientas necesarias para enfrentar la más grande amenaza al orden constitucional en muchos lugares del territorio nacional, apreciados magistrados.

Y se crearon también incentivos perversos, y simplemente lo dejo como reflexión.

Si nosotros estamos ofreciendo dinero de manera indeterminada en el tiempo para que se pague por la erradicación, hay un doble incentivo perverso.

El primero, el sembrar y comercializar lo sembrado, y el segundo, recibir el dinero por desmontar lo ya sembrado.

Por eso, es muy importante que se acotaran los tiempos, las listas y el número de beneficiarios, porque, de lo contrario, estaríamos generando una invitación flagrante, amenazante, para que el país siguiera viendo expandir el área sembrada de cultivos ilícitos.

Y yo no puedo dejar de mencionar, también, dos aspectos.

Un aspecto que tiene que ver con organizaciones criminales en países vecinos, donde nosotros podemos ver las graves trazas que hay, porque en esos países se ha sido permisivo con las estructuras del narcotráfico, por no decir que en su territorio tienen, además, socios de grupos armados organizados que trafican con droga.

Esta gráfica muestra las trazas en rojo de lo que son las rutas del narcotráfico por la costa del Pacífico, por el litoral. Pero también muestran en amarillo las trazas aéreas y también trazas marítimas desde Venezuela, que son, además, reconocidas internacionalmente por todos los institutos que monitorean el crimen organizado a nivel mundial.

Y eso también amerita que hagamos la reflexión de por qué no se denunció en su momento, cuáles fueron las herramientas a las que se apeló para mostrarle al mundo y exigirle, además a ese país, que no alimentara esas estructuras criminales en Colombia.

Y tampoco puedo dejar de mencionar, apreciados magistrados, la presencia peligrosa de cárteles mexicanos en nuestro territorio, que los hemos ido enfrentando, sí, los hemos ido enfrentando, con determinación, pero también en los últimos años con ese crecimiento exponencial, aumentaron su presencia en lugares del territorio colombiano.

Ante esta descripción, yo tengo la responsabilidad de venir a esta Corte y decirles qué hemos hecho, cómo hemos actuado y hacia dónde queremos orientar la acción del Estado, y cuáles son las afectaciones integrales que trae este fenómeno para Colombia.

Y ahí también quiero detenerme. Porque si pensamos en la visión integral, yo necesito dejar claro que aquí también hay problemas de salud pública que nos llevan a ver a Colombia, ya no solamente como un país que comercializa estupefacientes, sino como un país donde el consumo se ha convertido también en una amenaza para muchas familias colombianas, para nuestra juventud.

Las cifras del Observatorio Nacional de Salud indican que en los municipios donde tenemos mayor presencia de cultivos ilícitos, hay 82 por ciento más de probabilidades de morir por violencia. Y ese es un problema de seguridad, pero también es un problema de salud pública.

¿No nos preocupa eso? Claro que nos tiene que preocupar, y por eso la visión debe ser integral. También el Estudio Nacional de Consumo, que ha mirado lo que ocurre en la población escolar, muestra que entre el año 2012 y el año 2017, el aumento del consumo en menores fue del 12 por ciento.

Y no dejaría, además, de decirles que los mismos indicadores muestran que el consumo de adolescentes se disparó.

Déjenme yo también hago referencia al medio ambiente, apreciados magistrados. El 24 por ciento de la deforestación que ocurre en Colombia la están originando los cultivos ilícitos. Y aquí lo pueden ver, además, en esta gráfica, que he traído para su consideración.

La dinámica histórica de deforestación, que es lamentable para un país que ha perdido cerca de 200.000 hectáreas por año en las últimas décadas, se ha acelerado por el aumento vertiginoso de los cultivos ilícitos. Y, además, tenemos casi 3.5 toneladas por hectárea derramadas, de químicos que producen afectación ambiental.

Y si me permiten decirles algo, todavía más escabroso.

En los últimos años se ha visto ya presencia en el 30 por ciento de los Parques Nacionales de Colombia, de los cultivos ilícitos. Valiéndose de la protección de los Parques Nacionales, carteles y productores han llegado a invadir esos territorios. Y ni qué decir, también, de la forma inclemente y violenta como la que han tratado de emplear para llegar a los resguardos de los pueblos indígenas, afectando su cosmovisión y el tratamiento excepcional que les da la Constitución Nacional.

En materia de seguridad y defensa, por supuesto esta expansión ha permitido que grupos armados organizados como ‘Los Pelusos’, ‘El Clan del Golfo’, ‘Los Puntilleros’, el Eln, el ‘Oliver Sinisterra’, aumenten presencia en lugares del territorio nacional en los últimos años.

Y enfrentar este fenómeno también significa quitarles a ellos la principal fuente de ingreso, y la principal fuente de ingreso, que la utilizan complementariamente para otras actividades criminales como el uso indebido de la minería, los vertimientos indiscriminados de mercurio en muchos de los ríos de Colombia.

Y también quiero plantearles esto, apreciados Magistrados, lo que ha venido ocurriendo con los líderes sociales nos duele a todos los colombianos, porque amenaza nuestra democracia, porque amenaza la libertad de expresión, porque amenaza la libertad de asociación, y aquí, quizás, quisiera ilustrarles que en los municipios donde hay más presencia de cultivos ilícitos, se ha generado una mayor presencia de crímenes y de amenazas contra los líderes sociales de nuestro país.

Entonces, aquí estamos es ante la afectación de los derechos fundamentales y la afectación del orden institucional en el territorio.

¿Qué hemos hecho? Y aquí quiero precisar cuál es la labor del Gobierno.

Primero, cuando empezó nuestra administración le dijimos al país que queríamos enfrentar este flagelo de manera integral y hemos lanzado tres políticas públicas: Ruta Futuro, para enfrentar el problema de las drogas de manera integral, desde salud pública hasta la afectación grave y necesaria de esas estructuras criminales; la Política de Paz con Legalidad, para que quede claro que nosotros estamos con el firme convencimiento de hacer una implementación que permita la reincorporación de las personas que, genuinamente, están dejando la violencia y que quieren hacer una transición hacia una vida de convivencia.

Y hemos lanzado una Política de Seguridad Nacional que ve la protección del medio ambiente, magistrados, de los ríos, de los bosques, de la biodiversidad, en un país que tiene la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado después del Brasil, como un elemento de protección permanente y estratégica por parte de las autoridades.

También hemos buscado la combinación de herramientas.

Hemos aumentado los grupos de erradicación manual de 23 a 100.
Muchos dirán ¿por qué no llegar a 250? Desafortunadamente, después de un desmonte tan rápido, tener un salto a esos 250 no es fácil, porque no solamente se necesitan los erradicadores, sino la Fuerza Pública que los acompaña en el territorio.

Y hemos logrado en un tiempo récord, en menos de 8 meses, esa tarea de aumentar esos grupos, quintuplicar los grupos de erradicación manual. Y lo hemos hecho, además, con el entendido de que hay que afectar las estructuras de esos grupos criminales.

Hemos afectado al ‘Clan de Golfo’, al Eln, a ‘Los Puntilleros’, hemos afectado también al ‘Oliver Sinisterra’, hemos dado golpes bastante contundentes contra criminales como ‘Gentil Duarte’ o alias ‘Guacho’, que estaban traficando con drogas al servicio de muchos carteles.

Pero no solamente nos hemos quedado ahí. Hemos buscado una atención integral y, en lo que va de este Gobierno, se han cerrado 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, de los 16 que deberíamos tener; y hemos habilitado más de 19 proyectos productivos con personas que están en el tránsito de reincorporación.

Hemos llegado a las regiones donde hay afectación, buscando la llegada integral del Estado con proyectos sociales. Hemos invitado al sector privado para hacer desarrollo alternativo, para enfocarnos en otros cultivos.

Hemos también continuado los pagos, y honrado los pagos, del programa PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito), pero advirtiendo también que debe tener las limitaciones temporales por las propias capacidades fiscales, y para no exacerbar más incentivos perversos para la expansión de esos cultivos en muchas regiones de Colombia.

Hemos también respetado el criterio de la honorable Corte Constitucional, pero hemos también armonizado lo que ha dicho la Corte con lo que debe ser la aplicación del Código de Policía para limitar el porte y consumo de dosis personal en las calles de Colombia, y no como se ha dicho “criminalizando”, todo lo contrario, se ha apelado a la sanción administrativa contemplada en el Código de Policía y hemos liberado más de 14.000 espacios escolares y más de 12.000 parques en el territorio nacional.

Hemos avanzado en interdicción, aunque siguen existiendo retos, y hemos buscado la cooperación.

Hemos erradicado, en lo que va corrido de nuestro Gobierno, más de 80.000 hectáreas.

Y se preguntarán ustedes ¿por qué seguimos teniendo esas cifras?

Porque la erradicación nuestra la hemos hecho, en una parte con el PNIS, en otra parte con erradicación manual, tenemos amenazas de resiembra, y si no tenemos todas las herramientas seguiremos en esa constante lucha, donde el debate será lo contrafactual. Cuánto estaríamos hoy si no hubiéramos hecho lo que hicimos, pero necesitamos quebrarle esa tendencia al crecimiento exponencial, magistrados.

Y quiero también dejar claro que la concepción que nosotros tenemos del Estado Social de Derecho está centrada en la inversión social, y nuestro Plan de Desarrollo no solamente está destinando 37 billones de pesos a lo que es el cumplimiento de la construcción de paz en el territorio, pero adicionalmente algo: este Gobierno ha consolidado el Plan de Desarrollo con la más grande inversión social que se haya visto en Colombia.

Hemos logrado un Plan de Desarrollo, concebirlo, que se abre a discusión, de 1.100 billones de pesos, donde el 47 por ciento es inversión social.

Todo esto lo quiero poner en un contexto, magistrados.

¿Cuál es mi pedido respetuoso a esta Corte?

Primero, hemos acatado el fallo, lo hemos acatado para prepararnos en el cumplimiento de los seis elementos protocolarios que ustedes han planteado, y estamos listos a dar el paso siguiente.

Pero mi solicitud respetuosa, es que haya una modulación de la sentencia, una modulación que considere estas graves afectaciones, una modulación que entienda que esta expansión de los cultivos realmente hace un daño tremendo al orden constitucional, al orden legal, al medio ambiente, a la seguridad territorial y a la protección de los derechos fundamentales.

Aquí no somos defensores de un prurito en función de un herbicida. No.

Lo que queremos es una visión integral, y no podemos renunciar a ninguna de las herramientas.

Pueden tener ustedes la plena certeza, y lo escucharán de mis compañeros de Gobierno, que aquí lo que buscamos es la armonización de esa integralidad con la salud, con el medio ambiente, con la legalidad y, sobre todo, con la protección de los derechos de las comunidades, toda vez que este Gobierno también cree, cumple y fehacientemente considera que los derechos, como la consulta previa, son necesarios en el territorio, mucho más cuando se trata de las minorías.

Hoy ustedes van a escuchar a mis compañeros de Gobierno en algunas de estas materias más detalladas, pero la invitación que yo les hago, honorables magistrados, es a que reflexionemos todos.

El artículo 113 de la Constitución, cuando habla de la cooperación armónica entre poderes, lo que busca es que entre todos tengamos un objetivo, una visión, un objetivo grande como país, que es la protección del orden constitucional.

Yo no vengo a pedir cheques en blanco.

Yo no vengo a minimizar ningún riesgo.

Lo que vengo es a decir que este Gobierno tiene la responsabilidad, la convicción y el deseo de integrar todas las herramientas, con el apoyo de la honorable Corte.

¿Para qué?

Para que nosotros no tengamos más afectaciones en el territorio y entendamos que esta expansión exponencial de los cultivos ilícitos amenaza la construcción de la paz en nuestro país.

No hay un honor más grande para un colombiano que el ser Presidente de este país. Y no hay un honor más grande que el poder venir a esta Corte defendiendo y reconociendo su honorabilidad y su papel como bastión, protector, garante y tutelador de la Carta Política, para que entre todos, le demos un mensaje contundente a Colombia.

No controvierto las sentencias de la Corte.

No controvierto ninguno de sus argumentos. A eso no vinimos. Esto no es un choque de poderes.

Este es un diálogo fraterno y de cooperación armónica que busca reconocer esta evidencia, contundente, implacable, amenazante, diciéndoles que estamos haciendo todo lo que tenemos a disposición, pero una modulación le daría un fortalecimiento al orden público, a la defensa de los derechos fundamentales, y ese es el pedido que respetuosamente quiero hacerles, señalando que nosotros no renunciamos a ninguna herramienta.

Seguiremos promoviendo también en el territorio el pago por servicios ambientales, la erradicación voluntaria y asistida, y seguiremos también invitando a los colombianos a que entendamos que esta no es una causa ideológica, que esta es una causa por la defensa de nuestra Carta Política.

Muchísimas gracias magistrados.

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