‘El protocolo para la mesa con el Eln no puede ser considerado una decisión de Estado, puesto que no fue consultado con el Congreso ni pasó por el examen de la Rama Judicial’: Alto Comisionado para la Paz

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‘El protocolo para la mesa con el Eln no puede ser considerado una decisión de Estado, puesto que no fue consultado con el Congreso ni pasó por el examen de la Rama Judicial’: Alto Comisionado para la Paz

Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Partidos políticos de gobierno respaldaron la decisión del Gobierno nacional en su lucha contra el terrorismo.

Bogotá, 22 de enero de 2019.

Tras la reunión sostenida hoy entre voceros de los partidos políticos de gobierno; la Vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez; la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, Miguel Ceballos, se anunció el respaldo total de estas colectividades a la decisión del Gobierno colombiano en su lucha contra el terrorismo.

Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

Al ser consultado sobre el carácter y los alcances de los protocolos firmados por el gobierno anterior para la mesa del Eln, el Alto Comisionado explicó que “no pueden ser considerados una decisión de Estado, pues nunca fueron sometidos a consulta ni aprobación por parte del Congreso de la República, ni pasaron por el examen de la Rama Judicial”.

Ceballos agregó que “por esa razón la Corte Constitucional ha dicho que la Política de Paz es de Gobierno y no de Estado. En caso contrario, la responsabilidad del protocolo la tendrían que asumir el Legislativo y el Judicial y, por supuesto, también los partidos políticos. Para que haya un compromiso de Estado, debían haber sido consultados”.

“Otro aspecto para destacar es que el Fiscal General de la Nación reactivó, a través de la resolución 058, las órdenes de captura de estas personas y, por tal razón, ya no pueden ser beneficiadas con un protocolo. Reactivadas las órdenes de captura no hay marcha atrás. Una vez estas personas pisen territorio colombiano, la Fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces de la República”, explicó.

“Esas órdenes no serán suspendidas en su ejecución, dado que una vez se revocó la resolución que había creado la Mesa de Negociación, no queda base jurídica para dicha suspensión. Un acto de terrorismo, como fue declarado por el Consejo de Seguridad de la ONU, no permite suspender estas nuevas órdenes de captura”, enfatizó el funcionario de gobierno.

(Fin)

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