En las Regiones

Presentación de la Política de Estabilización 'Paz con Legalidad'

Foto: David Romo - Presidencia

• Con esta Política, el Gobierno pone en marcha la transformación de los territorios más golpeados por la violencia; con una visión de largo plazo, focalizada en los derechos de las víctimas y en apoyar a quienes se mantengan apegados a la legalidad.

• El Gobierno no aceptará, bajo ninguna circunstancia, que quienes se acogieron a una negociación, decidan volver a actividades criminales. Siguiendo lo planteado por este Gobierno, se cumplirá a quienes cumplan.

• La presentación de esta Política, no quiere decir que el Presidente desista de hacer los cambios propuestos como reforma constitucional hacia el futuro: que ni el narcotráfico ni el secuestro sean reconocidos como un delito conexo al delito político, que se revise el tratamiento para los delitos sexuales contra menores de edad.

Bogotá, 17 de diciembre de 2018.

El Alto consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, presentó hoy la Política de Estabilización denominada “Paz con Legalidad”, una estrategia con la que el Gobierno Nacional se enfoca en la transformación de la vida de cerca de 7 millones de personas que habitan en los territorios más golpeados por la violencia y la ilegalidad, en zonas rurales del país.

De acuerdo con el Alto Consejero “El Presidente Iván Duque honra la responsabilidad histórica que tiene con el país y con su gente. Protegerá que se suplan las necesidades de las víctimas, sabe sobre la trascendencia de cumplir con quienes están en proceso de reincorporación y con las familias en proceso de sustitución, que cumplan y se mantengan fieles a la legalidad. Además, liderará que en los territorios más afectados por las más variadas maneras de violencia se inicie el camino hacia la estabilización definitiva”.

Esta Política es una invitación a trabajar articuladamente desde el Estado, con las autoridades regionales y departamentales, la comunidad internacional, el sector privado y con las comunidades, para hacer realidad un propósito claro: construir un país de equidad, desde la Legalidad.

“Es una visión de largo plazo, con acciones concretas en los territorios y focalizada en los derechos de las víctimas, que articulará la presencia del Estado en 16 subregiones. El gobierno tiene claro el norte de la política de estabilidad: ya se hicieron los ajustes pertinentes y se definió su rumbo. Nos corresponde ahora a nosotros el trabajo de llevarla a cabo y convertirla en una realidad palpable para las comunidades”, agregó el Alto Consejero Archila.

El plan de estabilización comprende una intervención, fundamentada en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, en 11.000 veredas de 16 subregiones en 170 municipios, que benefician a 6.6 millones de personas, 2.5 millones de ellas que son víctimas de la violencia. Equivale al 24% de la población rural del país y al 57% de la población rural en situación de pobreza multidimensional.

“El firme propósito del gobierno es erradicar la violencia de los lugares que la han soportado durante décadas. Es un fenómeno que ha repercutido en todo el país, que ha trastornado la sociedad y se ha evidenciado en violación de los derechos humanos, asesinatos, narcotráfico y pobreza. Es un tema de justicia y de seguridad nacional”, dijo Archila.

Con esta Política se da un paso sin precedentes, para que en todo el territorio, se pueda, en el mediano plazo, gozar de un futuro en el que se cumpla la legalidad, se promueva el emprendimiento y se fortalezca la equidad.

Según la política “Paz con Legalidad”, la Alta Consejería para el Posconflicto articulará la planificación y armonización entre los planes de acción de los PDET, el Plan Marco de Implementación (PMI), los Planes Nacionales Sectoriales, los planes del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos, PNIS, los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), en una sola hoja de ruta, con gestión a nivel técnico de recursos y finanzas y con visión a largo plazo, enfocada en los 170 municipios más afectados por la violencia. De manera tal que las instancias nacionales y territoriales proyectarán su gestión a 10 y 15 años en estos municipios.

Aspectos clave de la Política

Víctimas: Reparar las víctimas es una responsabilidad de todos. De acuerdo con la ley, lo que hace a las responsabilidades indemnizatorias frente a las víctimas, es en gran parte un asunto de la Justicia y de ello seremos respetuosos.

En lo que hace al Ejecutivo, las entidades encargadas de la delicada y compleja tarea son la Unidad de Víctimas a través del SNARIV y el Departamento de Prosperidad Social (DPS) como entidad cabeza de sector. En ello la Alta Consejería para el Posconflicto, prontamente para la Estabilización y la Consolidación: Coadyuvará a estas entidades. Articulará la acción de la Nación, los Departamentos y los Municipios en las zonas PDET. Se ocupará de darle un tratamiento especial a las víctimas en la estabilización de las zonas PDET.

Articulación: Las diferentes entidades encargadas de todas esas políticas se encuentran fragmentadas y desarticuladas. Teniendo en cuenta lo anterior, generaremos los mecanismos de articulación entre la política pública de víctimas y los instrumentos de planeación de la estabilización. La Unidad de Víctimas preparará un documento de planeación que será tenido en cuenta para la Hoja de Ruta, principalmente los de reparación colectiva y retornos.

Vigencia de la ley: Resulta fundamental analizar la ley con base en el avance de los 7 años de implementación, lo que aún hace falta para cumplir con los objetivos de la ley y teniendo en cuenta entre otros puntos: (i) la sostenibilidad de la política; y (ii) la necesaria articulación, de acuerdo con las competencias de las instituciones que hacen parte del SNARIV, frente a la atención, asistencia y reparación, a efectos de poder verificar claramente el avance en el restablecimiento de los derechos de la población y generar sus condiciones de estabilidad.

Fortalecimiento de la política: Con el objeto de adecuar y fortalecer la política de víctimas, se deberán realizar ajustes al marco legal de esta política contenido en la ley 1448/11 y sus decretos reglamentarios, principalmente en temas relacionados con retornos, reparación individual y colectiva, atención sicosocial, participación, garantías de no repetición y articulación entre el SNARIV y el SVJRGNR.

Justicia transicional: Lo correspondiente al Ejecutivo es principalmente respetar la independencia y, dentro de los cánones constitucionales y legales aplicables, abogar porque se asegure neutralidad en su actuar.

El Presidente y su Consejero insistirán en la importancia de lograr verdadera justicia, reparación, verdad y no repetición y en ello usarán todos los instrumentos que en la ley se prevén.

Partido político: En lo que toca al devenir del partido, es una actividad regular en igualdad de condiciones al resto de las representaciones políticas legítima.

Tierras

Fondo de tierras Respecto del Fondo de Tierras: (i) Se continuará constituyéndolo. (ii) Se adoptará una estrategia a 4 años para que cada una de las fuentes de tierras pueda maximizar su contribución. (iii) Aseguraremos que los medios legales garanticen los derechos de los legítimos titulares.

Catastro Rural Multipropósito Este proyecto es prioritario y su coordinación será atendida en el primer semestre de 2019.

Formalización a partir de los municipios - Financiación de la formalización con regalías (Legalización, jurisdiccional, administrativa): Se propone que en estas zonas se puedan usar vigencias futuras de ingresos por regalías para formalizar su catastro.

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos: Se crearán centros de conciliación en cada una de las zonas PDET. En principio se trabajará respecto de los mismos asuntos que serían competencia de la jurisdicción agraria.

Planes Nacionales Sectoriales, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Plan Marco de Implementación y lo correspondiente a desarrollo rural del PNIS (PISDA) y Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC)

Planeación e implementación, Focalización territorial y de largo plazo: Entendemos los 170 municipios PDET priorizados como el círculo de intervención focalizada del Estado. Es un asunto de seguridad nacional que no vuelvan a caer en un círculo vicioso de pobreza y violencia. La planeación debe hacerse a largo plazo, dado que las características, magnitud y complejidad de la intervención así lo exige.

La responsabilidad política e histórica del Presidente Duque es que las intervenciones se inicien en todos los municipios priorizados, con esa ambición temporal, así las obras no sean entregadas en el desarrollo del mismo.

Articulación: Es necesaria la articulación entre los Planes de Acción de los PDET, el PMI, los Planes PNIS, los Planes Nacionales Sectoriales y los PIRC, en una Hoja de Ruta para los municipios en los que coincida su priorización. Se integrarán todos esos planes y programas en una Hoja de Ruta Unificada de Planeación para la Estabilización, Hoja de Ruta, que articulará y armonizará los instrumentos y mecanismos de planificación y gestión a nivel técnico de recursos y financiero. Como resultado, todas los interesados en apoyar la implementación contarán con una guía sobre qué debe hacerse, dónde debe hacerse y cuándo.

Se delimitarán las acciones a 15 años, definidos en el PMI, especificando las metas y recursos para el período de Gobierno 2018-2022, y las sinergias necesarias con el sector público a nivel nacional y territorial, el sector privado y la cooperación internacional.

Recursos de regalías: Se propondrá la simplificación de la regulación a fin de hacerlo más ágil, la asignación de la secretaría técnica del OCAD PAZ a la Consejería Para la Estabilización asegurando la focalización de los recursos a los 170 municipios PDET. Se regulará el OCADPAZ para que los recursos estén invertidos en proyectos que hagan parte de la Hoja de Ruta.

Recursos de la cooperación internacional: Los recursos provenientes de la cooperación internacional deberán igualmente estar focalizados, articulados y coordinados con las prioridades de la Nación en la implementación y la Hoja de Ruta

Sistema Especial de Desastres: Se creará un subsistema de riesgos a través de la intervención en algunos de los 170 municipios focalizados. Así mismo, en los municipios focalizados e intervenidos, se crearán o se fortalecerán, según corresponda, los Consejos Municipales de gestión del riesgo.

Atracción del sector privado: La estabilización de los territorios más afectados por la violencia precisa de la llegada de la oferta privada:

A nivel regulatorio - Facilitando las condiciones para eliminar los costos de transacción para que las empresas puedan llegar a los municipios priorizados. En ese campo, por lo menos: (i) Régimen Especial de Tributación; (ii) Beneficios por esfuerzos conjuntos que propendan por el desarrollo; (iii) Obras por Impuestos; (iv) Obras por regalías (v) Regulación para la estabilización.

Las vías terciarias como un gran proyecto a 15 años: Las necesidades de acceso de los municipios PDET se trabajarán como un gran macroproyecto a 15 años. Se trabajará bajo el liderazgo del sector transporte. Se evaluará la posibilidad de proceder de la misma manera en relación con la electrificación.

Planes para facilitar la comercialización de los productos campesinos

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) liderarán un Plan Sectorial de Comercialización para la agricultura familiar.

Se aprovecharán todas las políticas que cada uno de esos ministerios desarrollen, asegurando que, en cada iniciativa que se adopte en esa dirección se cuente con un acápite que responda a las condiciones y características especiales para las zonas PDET. Esto será particularmente relevante en el marco de la política de Agricultura por Contrato.

Reincorporación social y económica: Es nuestro compromiso cumplirle a quienes están en proceso de reincorporación y que en su mayoría se han mantenido en el camino de la legalidad y garantizar que se acojan a los programas provistos para su reincorporación a la vida civil y productiva.

Diagnóstico de la vocación y preparación para agosto 2019: La responsabilidad que nos corresponde es revisar las condiciones de preparación para la vida civil de cada uno de ellos y, de ser necesario, programar los refuerzos que se requieran. (i) Trabajaremos con el Ministerio de Educación y/o el SENA para tener un diagnóstico y, a partir de ese, proyectaremos e implementaremos los refuerzos en capacitación que se precise. (ii) Valoraremos las direcciones que se pretende para cada espacio y estudiáremos si es o no posible y cómo.

Abastecimiento alimentario – Desmonte gradual: Se propone el diseño de un protocolo para el desmonte gradual del abastecimiento a los ETCR y zonas aledañas.

Capacitación – acceso a beneficios sociales: Implementaremos acciones para que las personas exintegrantes de las FARC- acreditadas puedan acceder al acompañamiento psicosocial de manera transversal al fortalecimiento de sus competencias.

Diagnóstico del estado y formulación del plan de refuerzo: Se desarrollará un proceso de diagnóstico e identificación de la población de exintegrantes de las FARC - y sus familias que se encuentran por fuera del sistema educativo, para entender las falencias que existen para fortalecer y adaptar la oferta al acceso de esta población a la formación académica y los procesos de formación para el trabajo, capacitación para ser emprendedores y formalización de saberes.

Atendiendo el diagnóstico, se realizará la vinculación a los modelos flexibles establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las entidades ejecutoras.

Apoyo a la búsqueda de empleo: Se gestionará el fortalecimiento de los procesos amplios de gestión y colocación para quienes opten por la vinculación a un empleo.

Proyectos productivos Marco general de éxito y planeación: La valoración de los proyectos debe hacerse de manera profesional, seria y sustentada. Para ello, traeremos una consultoría de muy alto nivel que genere recomendaciones y herramientas para la valoración de las propuestas al CNR.

Evaluaciones: Se establecerá un procedimiento para la formulación, implementación y seguimiento de los proyectos productivos, tanto a nivel nacional como en los territorios. Se debe fomentar la participación del sector privado.

Se generarán mecanismos para el condicionamiento en el acceso a los recursos para los proyectos productivos a la participación de los procesos de capacitación y validación de saberes.

Asistencia técnica en las actividades: Servicio de Extensionismo Tecnológico: Se debe fortalecer el componente del Estado que brinda el acompañamiento en la estructuración de los proyectos productivos y en el seguimiento de estos. Adicional, se debe gestionar con universidades y el sector privado la oferta de formación para la estructuración y gestión de proyectos económicos y productivos, así como el acompañamiento para coadyuvar al fortalecimiento de los diferentes esquemas asociativos.

Asistencia técnica en la comercialización: (i) Generar conjuntamente con INNPULSA, MADR y el SENA las herramientas y protocolos que permitan vincular los proyectos productivos a las cadenas productivas y comercialización de productos. (ii) Definir, socializar y hacer seguimiento a la implementación de las rutas para el acceso de los proyectos productivos a los distintos programas para la generación de ingresos: “Alianzas productivas”, “Cadenas Productivas”, “Capacidades empresariales rurales: confianza y oportunidad” y “Desarrollo de capacidades y generación de ingresos”, y demás programas de generación de ingresos.

Asistencia técnica en asociatividad: Se apoyarán los esquemas asociativos con el fin de buscar el desarrollo organizacional y empresarial agropecuario, cuando sea indicado a la opción seleccionada por cada excombatiente.

Tierras: Se trabajará en el acceso al uso de las tierras, cuando ello sea relevante para adelantar las acciones necesarias para garantizar la estabilización socioeconómica, así como el cumplimiento de los compromisos asumidos por estas personas con el proceso de reincorporación.

Legalidad y más legalidad: El Presidente está convencido que las nuevas condiciones de vida sólo son posibles en el marco de la ley. En este entendido, las garantías que se describen en esta política tienen como fundamento que todos los destinatarios se mantengan en la legalidad. Por ello, con la misma decisión y fortaleza, quienes no honren su palabra y fallen a su compromiso, esto es quienes vuelvan a los caminos del delito, tendrán todo el peso de la ley y todos los efectos que en la ley se han previsto para esas conductas que no son aceptables bajo ninguna circunstancia, después de un proceso de paz.

Programa Camino Diferencial de Vida: Más allá de lo previsto en el el PMI, se deben implementar acciones en torno al fortalecimiento del Programa Camino Diferencial de Vida para el acompañamiento a la población sujeta de atención (ampliación de oferta, diseño de lineamientos para el componente de reincorporación, integración oferta institucional), así como articular las responsabilidades del ICBF y la UARIV, en la atención de los menores de edad y jóvenes.

Lucha contra las drogas y el Programa Nacional Integral de Sustitución – PNIS: Integralidad con el desarrollo rural y con las estrategias de lucha contra las drogas: El programa se llevará de manera armónica con las políticas de seguridad y de lucha contra las drogas. Se desarrollará la política de lucha contra el crimen organizado en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes y ese será armonizado con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos.

Diagnóstico y planeación: El PNIS dejará de operar como un programa aislado y cesará en hacer promesas que no está en capacidad de cumplir.

Articulación: El Programa PNIS se articulará a las transformaciones estructurales de la sociedad rural: La integralidad del PNIS con las transformaciones del campo que traerá la administración del Presidente Duque, tiene dos ejes principales: la articulación con la política que define el Ministerio de Agricultura para el desarrollo del campo y la articulación con los PDET.

Legislación y desarrollos reglamentarios

Modificación de la Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo (ii) Jurisdicción agraria (iii) Zonas de Reserva Forestal (iv) Servicio Público de Adecuación de Tierras (v) Ley de Tratamiento Penal diferencial para pequeños productores; (vi) Proyecto de ley sobre bienes, fuero de atracción y administración y transferencia de la propiedad de las FARC-EP; (vi) Financiación del Fondo de Tierras (vii) Subsidio del Sistema Integral de Tierras. (vii) Plan de Zonificación Ambiental; (viii) Programa Integral de Seguridad; (ix) Gestión de la Comisión Asesora en materia de Derechos Humanos (x) Catastro Rural Multipropósito.

Con información de la Oficina del Alto Comisionado para el Posconflicto

(Fin)

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